El fin de la especulación inmobiliaria
Reelegido para un tercer mandato en septiembre de 2021, el primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo claramente de la crisis inmobiliaria una de sus prioridades, y parece que ha llegado el momento de aplicar su nueva política de vivienda. En los últimos dos años, los precios de los inmuebles aumentaron un 50%, de media. La vivienda estándar cuesta actualmente 869.000 dólares (630.000 euros). El Gobierno no está dispuesto a dejar que la burbuja especulativa crezca. Por eso, durante dos años, los extranjeros no podrán comprar propiedades en el país. Sin embargo, esta medida sólo se aplica a los especuladores y otros inversores. Los residentes y los estudiantes no se verán afectados.
Trudeau cree que al gobierno se le está acabando el tiempo en este sentido. La crisis sanitaria sigue siendo una dura realidad en Canadá y sigue afectando a la economía. Además, la inflación amenaza cada vez más a los hogares. El mes pasado se registró una subida del 6,7%, ya que los precios de los bienes de consumo aumentaron casi un 9%. Además, dado que los precios del combustible se están disparando, el gobierno no quiere correr el riesgo de volver a ver camiones bloqueando las calles. Cabe señalar que los autodenominados "convoyes de la libertad", que se reunieron por primera vez para protestar contra la vacunación obligatoria, también han reunido a manifestantes contra el alto coste de la vida (teniendo en cuenta que el precio de la vivienda representa casi un tercio del presupuesto de un hogar). El gobierno espera que estas nuevas medidas aumenten la confianza de la población.
Una gran causa nacional
En 2016, los especuladores inmobiliarios representaban el 9% de los compradores de inmuebles en Canadá, pero en 2020, solo serán el 1%. Esto podría ser una señal de que los tiempos están cambiando. Canadá está decidida a acabar con la especulación inmobiliaria. Los impuestos son una de las formas utilizadas para desanimar a los inversores que quedan. Por ejemplo, las viviendas principales vendidas menos de un año después de la compra estarán sujetas a impuestos más altos. También se sancionará la "puja ciega", ya que este controvertido sistema permite mantener en secreto el precio de venta de las propiedades, lo que fomenta la especulación y lleva a proponer precios más altos.
La Asociación inmobiliaria canadiense está formalmente en contra de este sistema. El miércoles 7 de abril anunció la puesta en marcha de una estrategia experimental para mostrar los precios en tiempo real en Internet. Esto significaría más transparencia y, por tanto, menos especulación. Tal y como se prometió, esto debería impulsar la construcción de viviendas sociales como una de las prioridades del gobierno. La vivienda suele estar desprestigiada por los gobiernos limitados por sus plazos electorales. Un plan de vivienda se construye a lo largo de un periodo mucho más largo que las elecciones, por lo que deben mostrar resultados a medio plazo. Las clases medias canadienses, incluidos los estudiantes, y los residentes extranjeros, son los primeros en sufrir la crisis de la vivienda. Esta medida forma parte de un plan más amplio para dotarse de un parque de viviendas (la famosa "gran causa nacional") que, en última instancia, apoye e incluso fomente el crecimiento económico.
